“A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus Miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales […]”, reza el Artículo 24 de la Carta de Naciones Unidas. En efecto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el órgano encargado de garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad a nivel mundial, pero ¿qué paz y qué seguridad? ¿Una paz negativa y una seguridad esencialmente basada en la protección del Estado? ¿O una paz positiva y una seguridad que gravita en torno a la protección de la persona?
La concepción clásica de seguridad −imperante en la comunidad internacional− se centra fundamentalmente en la protección del Estado a través del incremento de su dominio político y militar, lo que deriva en una militarización de la paz, es decir, en la creencia de que la paz solo puede conseguirse por medio del gasto y el músculo militar. En esta visión estatocéntrica y militarista de seguridad, los intereses y la seguridad de las propias personas quedan oscurecidos por la necesidad de proteger al Estado; poco importan los efectos que las dinámicas de militarización y securitización tienen sobre las poblaciones, y, en especial, sobre las mujeres. Es más, los estudios clásicos sobre seguridad se autoproclaman neutrales en cuanto al género.
Los estudios feministas sobre seguridad, sin embargo, disienten profundamente con esta pretendida neutralidad en cuanto al género de los estudios clásicos de seguridad, y articulan su cuerpo teórico en torno a la afirmación de que la concepción tradicional de seguridad se encuentra precisamente impregnada de supuestos y representaciones de género. Para los estudios feministas sobre seguridad, el género, entendido como las ideas y los significados dominantes asociados a la masculinidad y la feminidad, permea todos los aspectos de la paz y la seguridad internacionales. Un ejemplo que confirma esta centralidad del género en los estudios sobre seguridad es la Resolución 1325 aprobada por el Consejo de Seguridad en octubre del año 2000. Esta fue la primera en reconocer el impacto diferenciado que tienen los conflictos armados sobre las mujeres y las niñas en comparación con los hombres y los niños, y en señalar la necesidad de incorporar una perspectiva de género a las misiones de paz de Naciones Unidas. La resolución se hacía eco así de la principal reivindicación de los estudios feministas sobre seguridad: un conocimiento holístico de la paz y seguridad internacionales pasa por una comprensión del género como elemento presente y articulador de las dinámicas de paz y seguridad.
La teoría: los estudios feministas sobre seguridad
Los estudios feministas sobre seguridad comienzan a sistematizarse a partir de principios de los años noventa del siglo pasado, cuando también lo hacen los estudios críticos y postestructuralistas sobre seguridad. Los análisis feministas se ven en ese momento imbuidos por la voluntad que existía en la época de superar los presupuestos realistas y militaristas en materia de seguridad que habían dominado el escenario internacional durante toda la Guerra Fría, e incluir concepciones sobre (in)seguridad, amenazas y paz más amplias −no centradas exclusivamente en el Estado y en lo militar.
De ahí que los estudios feministas compartan parte del discurso sobre la seguridad humana, pues esta pone el foco de atención en los miedos, las inseguridades y las prioridades de las personas, y no en los del Estado. Sin embargo, los análisis feministas sobre seguridad cuestionan la naturaleza de ese sujeto universal que representa la “persona” para la seguridad humana, pues consideran que está construido desde una mirada esencialmente androcéntrica, es decir, que no tiene en cuenta las necesidades específicas de seguridad que puedan tener las mujeres y las niñas. Es en este punto donde los estudios feministas sobre seguridad divergen con otras corrientes, como los estudios críticos, postestructuralistas o la seguridad humana, y articulan su propio cuerpo teórico en base al cuestionamiento de la mirada androcéntrica y patriarcal sobre la política internacional.
En este sentido, la principal aportación de la reinterpretación feminista de seguridad consiste en el reconocimiento de que las normas sociales de género y las desigualdades estructurales que existen entre hombres y mujeres generan inseguridades para las mujeres que no se dan en el caso de los hombres. En base a esta afirmación, los análisis feministas denuncian concretamente la manera en que los supuestos de género condicionan y determinan el rol asignado a las mujeres −y también a los hombres− en los conflictos armados y en los procesos de construcción de paz.
Por lo general, las mujeres suelen ser asumidas como víctimas de los conflictos armados en lugar de como perpetradoras de los mismos, a diferencia de los hombres, que suelen ser vistos como combatientes y principales instigadores. Esta distinción deriva directamente de los supuestos de género: el cliché de que las mujeres son más débiles y pacíficas que los hombres las relega al papel de víctimas. Esto hace que se asuma que las guerras solo afectan a las mujeres de manera indirecta, pues su participación en ellas es colateral. El resultado es un análisis de los conflictos −y de los posteriores intentos de construcción de paz− miope. Si a las mujeres no se les reconoce ningún tipo de agencia en los conflictos armados, no solo se estará ignorando el impacto que estos tienen sobre ellas, sino que además se las estará apartando de los procesos de construcción de paz, que equivale a pensar en la firma de un tratado de paz sin todas las partes involucradas a la mesa. La paz que se derive de este tipo de procesos nacerá lógicamente truncada desde el principio, pues será una paz pensada y diseñada exclusivamente para hombres.
Los supuestos de género permean incluso los análisis de seguridad que sí que tienen en cuenta el impacto de los conflictos armados sobre las mujeres. Los estudios feministas sobre seguridad critican que la gran mayoría de estos análisis se centre exclusivamente en la violencia sexual que sufren las mujeres en contextos de conflicto, ignorando así otros tipos de violencia −económica, por ejemplo− que suceden antes, durante y después de los conflictos, y prestando atención al impacto de los conflictos sobre las mujeres solo en la medida en que estos afectan a los aspectos sexuales y reproductivos de sus vidas. A este respecto, los análisis feministas utilizan el concepto continuum para visibilizar la manera continuada en que la violencia se expresa en la vida de las mujeres a lo largo del tiempo y del espacio, sin tener que limitarse necesariamente a un contexto de conflicto, ni afectar tampoco al aspecto sexual y reproductivo de sus vidas.
La práctica: la Resolución 1325 y la Agenda sobre Mujeres, Paz y Seguridad
El 31 de octubre del año 2000 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobaba la Resolución 1325 por la que reconocía que “las mujeres y los niños constituyen la inmensa mayoría de los que se ven perjudicados por los conflictos armados”, “el importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la paz”, y “la urgente necesidad de incorporar una perspectiva de género en las operaciones de mantenimiento de la paz”. Es decir, el Consejo de Seguridad se hacía eco de las reivindicaciones arriba planteadas de los estudios feministas sobre seguridad, que sin duda acogieron con entusiasmo la aprobación de esta resolución por parte del órgano responsable de la seguridad a nivel mundial. La que fue la primera de las diez resoluciones que integran la Agenda sobre Mujeres, Paz y Seguridad significó que el Consejo estaba aparentemente dispuesto a abandonar la concepción clásica de seguridad −estatocéntrica y militarista− para abrazar una más próxima a la feminista.
Sin embargo, veinte años después de su aprobación, los logros conseguidos por la Resolución 1325 y posteriores son mínimos. Los derechos de las mujeres continúan sin ser respetados en contextos de conflicto y posconflicto y estas siguen quedando excluidas de las negociaciones de paz. Solo 1 de cada 5 acuerdos de paz suscritos entre 2015 y 2019 contenían provisiones sensibles al género, y solo el 13% de los negociadores en procesos de paz habidos entre 1992 y 2019 eran mujeres. La principal razón del escaso avance de la Agenda sobre Mujeres, Paz y Seguridad es la falta de financiación y voluntad política real por parte de los Estados para implementarla. Aunque desde los análisis feministas sobre seguridad se identifican otros obstáculos quizás más preocupantes aún por su carácter estructural.
La Agenda comete el mismo error que los análisis de seguridad que se centran exclusivamente en la violencia sexual que sufren las mujeres en contextos de conflicto: reproduce la visión hegemónica de la violencia sexual como principal ámbito a tratar en lo que respecta a la protección de las mujeres, ignorando así el continuum de violencia al que se ven sometidas diariamente, vivan o no contextos de conflicto.
Por otro lado, son criticables también las sonadas ausencias de cuestiones muy relevantes para la situación de las mujeres en los contextos de conflicto y posconflicto, como las migraciones forzadas, los efectos de la ocupación (en los casos de las mujeres saharauis y palestinas), sus derechos sociales y económicos, la militarización o el papel que desempeñan en la lucha y prevención contra los extremismos violentos.
Pero, de entre todas las críticas realizadas a la Agenda en sus veinte años de vida, la más aguda y quizás también la más preocupante sea la que señala la falta de una transversalización del enfoque de género en los procesos de construcción de paz. Esto quiere decir que la Agenda no está superando el concepto clásico de seguridad, sino que más bien lo está reproduciendo, de manera que los supuestos de género siguen permeando las estructuras de seguridad y las mujeres siguen considerándose como “receptoras” de la misma en lugar de como sujetos activos e independientes.
Conclusiones
Las aportaciones de los estudios feministas sobre seguridad son necesarias. No solo porque desmontan las relaciones de poder y de género que han forjado la concepción clásica de seguridad durante años, sino también porque sitúan en el centro de sus análisis y reivindicaciones la defensa de los derechos humanos. En la medida en que la búsqueda de seguridad se propone la protección de la vida, cualquier enfoque de seguridad que priorice la vida de unos sobre la de otros (otras más bien) debería desecharse.
Es por esto que la seguridad feminista no solo es necesaria, sino que además debe trascender. La Agenda sobre Mujeres, Paz y Seguridad es un muy buen comienzo para ello, pero no es suficiente. Los esfuerzos por transversalizar el enfoque de género y escapar a las lógicas de securitización y militarización propias de la concepción clásica de seguridad deben ser mayores. Una paz y una seguridad parciales no bastan. Estas tienen que ser totales, es decir, atentas de las necesidades y realidades particulares de las mujeres. La deconstrucción de todas las desigualdades estructurales de género que permean las sociedades de nuestro mundo avanza, pero aún queda un largo camino por recorrer.
Fuente de la imagen destacada: UN News
PRISMA UC3M 