Gobiernos inestables y el auge de la violencia
Los altos índices de pobreza, la desigualdad de ingresos entre los diferentes sectores de la población, la corrupción impune, el desempleo, y un sistema social y económico excluyente, son los comunes denominadores que explican el auge de violencia en un país en desarrollo, y el caso de Honduras no es la excepción. A dichas problemáticas se le suman concretamente, en el contexto de este país centroamericano, el despojo de las tierras del campesinado, la captura del Estado para favorecer un clientelismo extremo, y el sometimiento de indígenas y negros para fines tributarios y laborales. Esto llevó a algunos sectores de la población hondureña, más que todo jóvenes, a ingresar a bandas criminales o a las pandillas denominadas “maras”, encargadas de fomentar el crimen organizado y la violencia que ha azotado al país en los años recientes.
Como consecuencia de ese panorama tan complejo, en el año 2009, un grupo de militares irrumpieron durante la madrugada en la vivienda del expresidente Manuel Zelaya (Partido liberal) para sacarlo del poder y efectuar el golpe de Estado en contra de una administración caracterizada por sus decisiones arbitrarias y unilaterales que desestimaron la división de los poderes públicos. Posteriormente, la administración que sucedió a Zelaya fue la del expresidente Lobo Sosa (2010-2014), la cual careció de legitimidad a los ojos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), quienes fueron invitadas por el mismo gobierno para observar el proceso electoral hondureño, pero que determinaron que, el candidato del Partido Nacional, había ganado por un negligente desempeño del Tribunal Supremo de Elecciones que facilitó la manipulación de cifras.
Esta condición de “deslegitimidad” del gobierno de Lobo, junto con el amplio déficit de indicadores sociales de pobreza, indigencia, desnutrición y desempleo, retumbaron en la indignación de los ciudadanos hondureños y conllevó a una agitación social que se manifestó violentamente en contra del régimen, y que fue reprimida mediante la misma vía por este. Tanto este fenómeno, como el crecimiento del crimen organizado, explican por qué en el año 2011, Honduras alcanzó la tasa de homicidios más alta de toda su historia con una cifra de 86,5 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, debido al estallido del conflicto sirio en ese año, no fue sino hasta 2012 que obtuvo la etiqueta del país más violento del mundo, con una tasa de un punto menor que la del año inmediatamente anterior. No obstante, en los años posteriores las cifras disminuyeron progresivamente, sobretodo, como así lo manifiesta la opinión pública desde que el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado asumió la presidencia en 2014, tras vencer en las urnas a la esposa del expresidente Zelaya con una diferencia del 6,6% entre las votaciones de ambos candidatos.
Bajo el ideal de “mano dura, cero tolerancia a la delincuencia, un soldado en cada esquina”, el supremo mandatario, Hernández, ha promovido políticas de seguridad basadas en una extrema militarización que, si bien han sido fundamentales para la reducción de las elevadas cifras de asesinatos, también son objeto de críticas y cuestionamientos por parte de académicos, medios de comunicación internacionales, y por la misma población hondureña. De esta manera, aunque la militarización de los cascos urbanos ha sido una medida que ha materializado la disminución de la tasa de homicidios en Honduras, esta política ha tenido efectos contraproducentes como la opresión de la fuerza pública sobre la sociedad civil, la desfinanciación de sectores que determinan el desarrollo del país, como la educación, la salud o la reinserción social, y una crisis democrática.
Figura 1: Tasa anual de homicidios en Honduras 2006-2017. Fuente: asjhonduras.
¿Por qué se habla de una militarización?
De acuerdo con el sociólogo Eugenio Sosa, el proceso de militarización está determinado por el sobredimensionamiento de las fuerzas armadas, frente a un contexto diferente a la guerra, concebido en el aumento considerado del número de efectivos, armamento y presupuesto. Asimismo, también forma parte de este proceso la asignación de tareas de seguridad y vigilancia que son exclusivas del cuerpo de policía u otras relacionadas con el desarrollo, al mismo tiempo que la cúpula militar empieza a aspirar a ocupar cargos públicos por la vía del nombramiento o la participación electoral.
Teniendo en cuenta este concepto en el caso hondureño, se encuentra que este cumple con la mayoría de la “checklist” para llevar a cabo un proceso de militarización. Una vez Juan Orlando Hernández asumió la administración gubernamental, como punto de partida de su política de seguridad creó una coalición entre los diferentes cuerpos de la fuerza pública junto con otros agentes externos, con el fin de aumentar considerablemente el pie de fuerza y promover la coordinación entre los diferentes actores. Así fue como dio lugar a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) conformada por integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y con la participación del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, y también agentes migratorios y de inteligencia. Acto seguido, el presidente desplegó en las calles a la Policía Militar de Orden Público y delegó a los militares las tareas de inteligencia policial y las operaciones de antinarcóticos.
Figura 2: ¿Cómo Honduras dejó de ser “el país más violento del mundo”?. Fuente: BBC NEWS, Mundo.
A su vez, el aumento de efectivos y armamento ha sido posible gracias a un incremento presupuestario proveniente de políticas como la Ley de Seguridad Poblacional, que grava las transacciones bancarias con una tasa del 0,3%. De 2012 a 2015, la tasa de seguridad le generó un recaudo al gobierno Honduras de aproximadamente US$400 millones, destinado en su totalidad a la Secretaría de Defensa para la administración del FUSINA. Legislaciones de este tipo también han sido posibles debido a que cerca de 1.000 militares ocupan puestos en diversas instituciones del poder ejecutivo. Algunos incluso desempeñando cargos como ministros o viceministros que les permiten influir en sectores de desarrollo social y no únicamente en la seguridad. Inclusive, la cúpula militar ha contado con el apoyo de algunos políticos para solicitar, en múltiples ocasiones, al gobierno la facultad de participar en las urnas electorales, derecho que evidentemente está suprimido para la fuerza pública en la Constitución.
Consecuencias de la militarización
Es una realidad que el fortalecimiento desproporcionado de las fuerzas públicas y el extenso despliegue de la policía militar por mandato del presidente Juan Orlando Hernández, son medidas que tuvieron una incidencia directa en la disminución de la tasa de homicidios nacional. No obstante, hay que asumir una visión crítica sobre los costos económicos, éticos y sociales que la política de militarización ha causado en Honduras.
Primero, como ya se ha mencionado, el incremento del gasto en seguridad en Honduras ha sido realmente considerable. No obstante, ante un aumento del 641% entre 2002 y 2018, se comienza a presentar un desequilibrio general de los demás gastos que asume el gobierno. Al ser comparado con sus vecinos, Honduras se consolidó entre 2012 y 2016 como el país que tiene mayor gasto militar en centroamérica (alrededor de US$400). Sin embargo, a su vez es el único país del continente que ha disminuido su gasto social en este período de tiempo, siendo así el gasto per cápita más bajo de latinoamérica (US$201 dólares constantes per cápita). En este mismo sentido, aparte de que el desequilibrio presupuestario se ve reflejado en indicadores desfavorables de pobreza (más del 60%), desigualdad (53,7 en el coeficiente de Gini), educación (44% de niños fuera del sistema escolar), y salud (inversión por habitante de US$101, de los más bajos de la región); también se le critica al Estado hondureño que el gasto en seguridad se dirige únicamente a fortalecer el aparato opresor, en vez de en una reforma estructural orientada por el imperio de la ley y la reducción de la impunidad.
Segundo, los ciudadanos hondureños han dado a conocer hechos donde la policía militar en el cumplimiento de sus funciones de control y represión, han caído en la vulneración de los derechos humanos de los civiles. Este fenómeno ha sido apoyado por los informes emitidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, enfocados en las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 que sirvieron para la reelección de Hernández. En tales comunicados se difunden hechos como el excesivo uso de la fuerza por parte de las Policía Militar para dispersar las protestas que tuvieron lugar durante el proceso electoral, que conllevaron a la muerte de al menos 23 personas, así como casos de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzosas. Según el informe, además de la evidente ausencia de los principios de precaución, necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de las funciones de control, también es preocupante que la institución militar no ayuda a proporcionar información para facilitar la investigación de estos casos, y también que el Ministerio Público no ha tomado medidas para mitigar estos hechos.
Figura 3: Juan Orlando Hernández es proclamado nuevo presidente de Honduras. Fuente: France 24.
Por último, a raíz de la militarización consolidada en el territorio hondureño, las fuerzas armadas han demostrado respaldo y lealtad absoluta a la administración del presidente Juan Orlando Hernández, relación que ha motivado al mandatario a adoptar diferentes acciones de tipo autoritario que ponen en crisis la democracia de este país. Al nombramiento de militares en diferentes Ministerios y la libertad presupuestaria que le concedió al FUSINA, se le suma que, en 2017, logró forzar su reelección a pesar de que esta estuviera prohibida por la Constitución Política. Este hecho, junto con los altos índices de corrupción y baja rendición de cuentas que caracterizó su primer período presidencial, influyeron en el apretado resultado de 42,95% votos para el Partido Nacional sobre el 41,24% para la oposición que materializaron la reelección de Hernández. No obstante, las elecciones de 2017 estuvieron plagadas de polémicas que acusaron al Tribunal Supremo Electoral de manipular las cifras a favor del presidente, acontecimiento que fundamentó las protestas y revueltas que como ya se ha mencionado fueron reprimidas violentamente por la policía militar.
La militarización una cura peor que la enfermedad
En definitiva, la militarización se puede asumir como una salida que el gobierno de Hernández encontró como forma de aliviar el malestar histórico que la violencia ha tenido en el territorio hondureño. El aumento presupuestal que se le designó a la fuerza pública y la reforma estructural de ésta que condujo a la creación de la policía militar, cumplieron con el objetivo de reducir las tasas de homicidios que le consignaron a este país la etiqueta del más peligroso del mundo en 2012. No obstante, el sobredimensionamiento que tuvo la fuerza pública en el proceso de militarización, ha tenido efectos contraproducentes como la opresión de los activos sobre la sociedad civil; la baja inversión social que lleva a la desfinanciación de sectores que determinan el desarrollo del país, como la educación, la salud o la reinserción social; y una crisis democrática representada por el respaldo total de la cúpula militar hacia el gobierno, que ha inducido al Presidente Hernández a realizar acciones inconstitucionales, fraudulentas y autoritarias.
Fuente de la imagen destacada: revistaestilo
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