Marco fiscal en la UE
El sistema fiscal de la Unión Europea se caracteriza, esencialmente, por su práctica inexistencia. La UE, desde sus inicios, ha contemplado la armonización fiscal como un posible elemento de disrupción en las relaciones de los Estados-miembro. Al mismo tiempo, ya desde la firma del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (1951) los países tenían claro que cualquier grado de integración económica conllevaba la adaptación de la fiscalidad (relativa a bienes y servicios, aranceles, etc.) a un marco común. Desde entonces, si se han llegado a constituir unas delimitaciones que afectan a la fiscalidad indirecta de los países. Esto implica, por ejemplo, la delimitación del IVA en dos tramos: uno superior al 15% y otro al 5%; manteniendo, eso sí, la habilidad de los estados para suprimir este en cuanto a productos esenciales se refiere, así como aplicar uno menor al 5% (tramo superreducido) en algunos bienes y servicios particulares.
Sin embargo, en materia de fiscalidad directa (impuesto de sociedades, IRPF…), los Estados-miembro mantienen la soberanía completa para establecer los distintos tipos y tramos. Y es aquí donde se focaliza el debate: ¿debe la Unión tender hacia una mayor integración fiscal? ¿O debe respetar la soberanía de los Estados-miembro e incentivar la competencia fiscal y por la atracción de empresas? Actualmente, la normativa es el resultado de distintos tratados (desde París en 1951 hasta Maastricht en 1992), en la que la UE ha intentado salvaguardar el libre comercio y tránsito de bienes y servicios mientras los estados lograban mantener la soberanía en cuanto a sus políticas fiscales directas, que no están (generalmente) dispuestos a ceder a Bruselas. Para reformar esta situación, debe aprobarse por unanimidad en el Consejo Europeo, lo cual entraña una dificultad notable por la divergencia de opiniones existente en la UE.
Diferencias entre países e intentos de armonización de la UE
La división entre países según su fiscalidad directa es clave para entender el problema. Centrándose el debate en el Impuesto de Sociedades, se observa que los países con los tipos más bajos (de media) son: Hungría (9%), Irlanda (12,5%) y Lituania (15%); mientras, los más altos se encuentran en Francia (32%), Portugal (31,5%) y Alemania (29,9%). En especial, Hungría e Irlanda han sido claves a la hora de frenar cualquier iniciativa de la UE por avanzar hacia la armonización fiscal. Ya en 2018, Leo Varadkar y Viktor Orban, respectivos Jefes de Gobierno de Irlanda y Hungría, anunciaron en una rueda de prensa su oposición a cualquier intento de este tipo. Argumentaron que la competencia fiscal era un elemento esencial del mercado común que permitía a algunos países atraer empresas, incentivar la inversión y crecer económicamente. En el caso de Hungría, este debate es un eje más del marco de polarización y disenso entre dicho estado y la Unión Europea. Un aspecto a considerar, también, es la capacidad industrial y económica de los estados de la UE. Si bien algunos como Francia o Alemania poseen un tejido empresarial extenso, capaz y próspero unido a unos niveles de renta y vida altos, otros países (como Hungría) necesitan atraer inversión y crecer económicamente para sobreponerse a su difícil situación económica.
Además, es esencial comprender los efectos que las políticas fiscales de algunos países pueden tener en la política monetaria europea, para así entender la importancia que esta última otorga a esta cuestión. Por un lado, la política monetaria se centra en el mantenimiento de la estabilidad de los precios, por lo que es necesario que los países no incurran en déficits presupuestarios excesivos, algo a lo que se comprometen según el Artículo 126 del TFUE (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Sin embargo, la Unión es consciente de que existen incentivos para el endeudamiento de los distintos estados-miembro por su propia membresía en la UE; es decir, dado que existe la posibilidad de que la Unión asuma las obligaciones de los miembros frente a los acreedores, dichos estados incurrirán en esta práctica. Por lo tanto, el surgimiento de desequilibrios presupuestarios que lleguen a amenazar la propia política monetaria de la UE si alcanzan un nivel excesivo, irónicamente son promovidos por la propia UE y la necesidad de evitar este hecho. Por lo tanto, los organismos centrales de la UE (BCE, Comisión…) son más favorables a la armonización, dado que esta lograría que el equilibrio monetario de la Unión se encontrara en manos de la propia organización, y no de Estados incentivados a incurrir en déficits y endeudamiento excesivo.
La Unión Europea parte de su deseo de establecer una base imponible en cuanto al Impuesto de Sociedades. Este, eje central de la disputa, sería el que permitiría consolidar la armonización y acabar con la competencia fiscal. Dada la dificultad de este objetivo, a medio plazo los objetivos de la UE son otros. En 2020, en el marco de la negociación por los fondos europeos, la Comisión Europea propuso ciertas medidas encaminadas a atajar la elusión fiscal, obligar a las empresas tecnológicas a que tributen como el resto de empresas y dotar tecnológicamente a la administración para que sea más eficiente en la recaudación. En definitiva, la intención de la UE es reforzar la capacidad administrativa y recaudatoria de los organismos responsables, para posteriormente integrarlos de una manera más eficaz en un aparato fiscal común.
Efectos negativos y positivos
Los argumentos de aquellos que favorecen la soberanía fiscal de los estados miembro radican en los beneficios de la competitividad fiscal para estos países. En el caso de Irlanda, su PIB ha aumentado una media de 5,72% anualmente desde 2016, y en 2015 creció un 25%. En Hungría, mientras, han logrado alcanzar un 4,9% de desempleo. Este éxito económico es adscrito por sus líderes a esta capacidad de mantener un nivel impositivo bajo. Aun así, existe un temor en el seno de la UE de que una “race-to-the-bottom” provoque suficientes bajadas de impuestos como para amenazar la viabilidad presupuestaria de la Unión Europea, así como de algunos estados que no pudieran sostener sus servicios públicos.
Un proceso de armonización fiscal, si llegara a producirse, se daría mediante una estrategia de aproximación. Esta se basaría en un acercamiento de posturas en torno a ciertos tipos impositivos específicos claves para el mercado común, que progresivamente fuera logrando una mayor integración y construcción de consensos. Una estrategia de igualación, en cambio, sería inviable por la rotunda oposición de algunas potencias, y dado que necesitaría de una mayor integración política a un nivel que se antoja complicado llegar a corto-plazo. En definitiva, este último método es demasiado ambicioso y utópico, incluso, mientras que el primero puede derivar en continuas negociaciones, avances, retrocesos y, en, definitiva, una permanencia del status quo de manera indefinida.
Las posibilidades de acuerdo, en definitiva, son escasas. Existen espacios de consenso, como puede ser la lucha contra la elusión fiscal, lo que puede servir como base para futuros acuerdos; sin embargo, dado el clima de crisis originado por la pandemia, el creciente euroescepticismo de países como Hungría o Polonia (también en contra de la armonización fiscal) y los intereses externos (empresas, industrias, EEUU y las tecnológicas…), es probable que a medio plazo no pueda encontrarse ninguna solución viable a este conflicto.
En definitiva, esto supone un desafío de creciente importancia para la Unión Europea. En el contexto internacional y económico actual, la disyuntiva que afronta es trascendental en cuanto a si aúna en la integración o se decanta por el mantenimiento del status quo. El marco fiscal es clave en este desafío, especialmente tras el logro de la emisión de deuda conjunta, en lograr que el bloque europeo consiga una mayor unión económica unida a una mayor autonomía frente a otras grandes potencias (a mayor capacidad de actuación en conjunto, menor susceptibilidad a injerencias externas a estados miembro en solitario). Además, la amenaza de que los desequilibrios fiscales de los distintos estados puedan desestabilizar la estabilidad monetaria en la Unión es uno de los principales motivos de esta última para intentar lograr la armonización. También, y en esto consiste parte del problema, los estados encuentran en su pertenencia a la UE un incentivo para incurrir en déficits excesivos, endeudamiento…Esto se debe a la creencia (respaldada, por ejemplo, con la actitud del BCE durante la crisis de la deuda en la Eurozona en los años 2010-2012), de que la Unión Europea se verá obligada a “rescatar” a los estados en necesidad de ello para evitar la quiebra del Euro y salvaguardar la política monetaria y económica de la Unión, que constituye su pilar fundamental.
En definitiva, el mecanismo de salvaguarda de la estabilidad presupuestaria y monetaria es a su vez el principal incentivo para las amenazas a dicha estabilidad. La UE, por lo tanto, puede encontrar en este reto uno de los principales desafíos a su progresiva integración, la cual en gran parte se basa en la mayor unión económica entre los estados-miembro, a la cual la UE espera se una la armonización fiscal en un futuro, dado que lo considera un paso esencial para garantizar la unidad, estabilidad y continuidad de su existencia.
Fuente de la imagen destacada: El País
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